Sistema de Capitalización Colectiva e Individual y un poco más sobre los otros Regímenes.
Régimen de capitalización colectiva y el de capitalización individual.
El régimen de capitalización colectiva (RCC) es el régimen donde todas las cotizaciones, inversiones y rendimientos se toman de forma colectiva para cubrir las prestaciones de las personas pensionadas en la actualidad y en el futuro. El régimen de capitalización individual consiste en un sistema de ahorro personal para la vejez. Cada afiliado tiene una cuenta personal donde deposita sus cotizaciones donde se capitalizan y generan rentabilidades de las inversiones que realizan las Administradoras sobre los fondos.
Diferencias:
El Régimen de Capitalización Colectiva está organizado por un mecanismo donde los pasivos son administramos por los trabajadores que se encuentran activos mientras que la capitalización individual tiene un mecanismo de ahorro personal en cuentas individuales.
El Sistema de Reparto se caracterizaba por tener cotizaciones indefinidas y beneficios definidos, por el contrario, el sistema individual cuenta con contribución definida sin embargo el beneficio es desconocido debido a que las inversiones siguen el ciclo económico. El monto de pensión del sistema del sistema de reparto se relaciona con las características que rigen en el sistema al que pertenezca la persona y el cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión; mientras que la capitalización individual se calcula en base a los saldos acumulados por el cotizante y a las modalidades que rijan en el momento del retiro.
Modelo de financiamiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) de la CCSS y el del régimen de pensiones del Poder Judicial (RPJ)
El modelo de financiamiento del IVM: Cuenta con un modelo tripartito desglozado de la siguiente forma:
Trabajador: 4.17%
Patrono: 5.42%
Estado: 1.57%
El modelo de financiamiento del RPJ: Cuenta con un modelo tripartito desglosado de la siguiente forma:
Trabajador: 13%
Patrono :14.36%
Estado: Un porcentaje sobre los sueldos y los salarios igual al establecido para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Órgano que tiene a cargo la administración del RIVM y del PJD y cuales son sus responsabilidades.
El RIVM es administrado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Las responsabilidades que tiene esta entidad se encuentran bajo el reglamento de invalidez vejez y muerte y sus anexos. Algunos ejemplos de estas son la recaudación, contabilización, inversión entre otras.
PJD: La Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es la encargada de administrar este régimen.
Las responsabilidades de este órgano administrativo son las siguientes:
- Administrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados del Poder Judicial
- Atender las solicitudes de reingreso a labores remunerativas de jubilados inválidos.
- Estudiar, conocer y resolver las solicitudes de jubilación y pensión que se le presenten.
- Recaudar las cotizaciones que corresponden al Fondo y ejercer las acciones de cobro necesarias.
- Inversión de los recursos de conformidad con la ley y con la normativa que al efecto dicte el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones.
- Dictar las normas para el nombramiento, la suspensión, la remoción y la sanción del personal; así como aprobar el plan anual operativo, el presupuesto de operación, sus modificaciones y su liquidación anual.
- Realizar los estudios actuariales con la periodicidad establecida en la normativa emitida al efecto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
- Cumplir con la legislación y la normativa que dicten tanto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero como la Superintendencia de Pensiones.
- Todas las demás atribuciones que le asignen la ley y sus reglamentos.
Riesgos asociados a los sistemas de pensiones, debes indicar los diferentes riesgos y aquellos que pueden impactar a los regímenes básicos como al régimen complementarios y cuales medidas de mitigación consideras que se deben adoptar para que el impacto sea bajo en caso de que se lleguen a materializar.
El riesgo de longevidad es el que se define como la probabilidad de que las personas sobrevivan más allá de lo esperado, genera un riesgo potencial ya que a largo tiempo van a haber más personas mayores que consumen los recursos del fondo y la imposibilidad de poder cumplir con las obligaciones futuras.
El riesgo político es la posibilidad de que la actividad económica de un país o sector se vea afectada por las decisiones de un Gobierno, como reformas de ley.
El riesgo operativo es la posibilidad de que se sufran pérdidas financieras por diferentes causas.
La sostenibilidad financiera se busca garantizar la existencia de recursos financieros que sean suficientes para hacer frente a los gastos de los gobiernos, ya que no se sabe exactamente cuándo tendrá que realizarse el gasto y explícitos debido a que son obligaciones ineludibles porque se encuentran contenidas en una ley.
La sostenibilidad es un riesgo que mantienen los regímenes de pensiones debido a su estructura financiera versus a los beneficios que esos prometen. La financiación es pagada por los trabajadores activos, si hay una menor tasa de natalidad y mayor longevidad para los adultos mayores hay un desequilibrio, ya que hay una menor cantidad de personas activas cotizando. Debe pensarse una reforma que integre el sistema contributivo y no contributivo donde se establezca una pensión básica para la población y replantear el modelo de financiamiento con impuestos generales.
En cuanto al riesgo político puede verse afectado por el cambio de las leyes y normativas que rigen en el momento de jubilación ya que estos procesos pueden alargarse y las cotizaciones pueden cambiar. Este riesgo es difícil de mitigar debido a sus procesos de aprobación sin embargo podrían usarse miembros externos independientes y con experiencia e implementación de códigos de conducta para evitar conflictos de intereses.
Para el riesgo operativo debe haber un cumplimiento de normas internacionales de contabilidad y de información financiera, donde se refuerce la divulgación de la información y transparencia de los costos de administración. Además, deben definirse planes estratégicos y cumplimiento de estándares mínimos de bitácoras, contingencias y logística, es decir una planificación responsable y con objetivos realistas donde se anticipen las vulnerabilidades y se realicen estudios de modelos de supervisión basados en riesgos.
EL cambio demográfico también es de suma importancia para los sistemas de pensiones debido a que mientras la población tenga una esperanza de vida alta las instituciones administradoras de pensiones se encuentran con mayor presión para otorgar por más tiempo las pensiones y reservar más dinero para las pensiones futuras.
En el régimen complementario pueden implementarse mayor información y promoción de los fondos voluntarios de pensiones con base en contribuciones basadas en consumo para complementar las cargas sobre el ingreso y mejorar la recaudación de la población formal. Debe haber mayor agilidad y eficiencia en la apertura de estos fondos para que generen confianza y brindar educación sobre la importancia de estos fondos para verlos como un beneficio hacia el futuro.
En cuanto al ámbito político debe haber una metodología de evaluación de riesgos, estructurada y consciente de los cambios de leyes que vayan a presentar previniendo las disyuntivas que se puedan generar en el futuro y no sólo para garantizar conformidad por la población.
El riesgo operativo y el riesgo de sostenibilidad financiera aplicaría de la misma forma como para los regímenes básicos.
A partir del Editorial: Vejez desprotegida, emita una opinión sobre este tema y, desde su punto de vista, el modo en que se puede mitigar este riesgo.
En relación al tema la cobertura y sostenibilidad continúan siendo los principales desafíos para los sistemas de pensiones.
Es un hecho que la cantidad de trabajadores activos cotizantes va disminuyendo conforme a la cantidad de personas pensionadas, lo que genera preocupación por no poder cumplir con las obligaciones para pagar las pensiones futuras. Los altos costos de vida y deudas se suman a los problemas que mantienen actualmente los pensionados y los trabajadores que no se han incorporado al sector pasivo lo que genera una movilidad al sector informal y que la población jubilada se sienta desprotegida debido a una pensión baja.
Debe haber una simplificación de la tramitología para la inscripción patronal y de los trabajadores independientes ya que al ser un sistema tedioso las personas no optan por la inscripción por lo tanto debe realizarse una restructuración de procesos y utilizar los avances tecnológicos para agilízalos.
Con un replanteamiento de las reformas actuales podría generarse una pensión básica digna donde el Estado otorgue una pensión básica igual a la línea de pobreza financiándose con impuestos generales donde la CCSS genere una base para aquellos que no cotizaron y una pensión adicional a los que sí realizaron las contribuciones correspondientes, de esta forma se rebajarían las cargas sociales de una planilla y podría aumentar la formalidad. Además, deben buscarse otras formas de financiamiento.
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